“Detienen a una persona por nueve delitos de estafa por Internet e investigan a otra por los mismos hechos”
En el presente caso debemos hablar de presuntos delitos de estafa, puesto que el sospechoso aún no ha sido juzgado y declarado culpable, por lo tanto, aún le protege la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución.
Sea quien fuera el autor, lo que parece claro es que puso a disposición de los usuarios de una conocida página de Internet una serie de objetos como ordenadores portátiles a cambio del pago de dinero. Dicho pago se efectuaba a través de transferencia bancaria en una cuenta facilitada por el sospechoso y, una vez los usuarios de la página realizaban el pago acordado, los objetos nunca llegaban a su destino. La conducta descrita implica la comisión de un delito de estafa pues, mediante una actitud engañosa, el presunto autor hizo incurrir a varias personas en el mismo error, haciendo que realizaran actos de disposición sobre su patrimonio que les causó un evidente perjuicio económico.
En la defensa de los detenidos será fundamental, en primer lugar, tratar de echar por tierra todas las pruebas sobre la autoría, puesto que sin autor no hay delito. Y, en segundo lugar, será importante tratar de disminuir la importancia del perjuicio económico para reducir al mínimo una posible condena.
Para la acusación, lo fundamental es poder acreditar que todos los pasos que dieron en la compra de los productos fueron dados con normalidad, racionalidad y a consecuencia de un engaño que no pudieron evitar.
Si al presunto autor se le declara culpable de un delito de estafa, podría ser castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para fijar la pena exacta deberá tenerse en cuenta el importe de lo sustraído, el perjuicio económico causado en las víctimas, las relaciones entre éstas y el defraudador, los medios empleados por éste para la comisión del hecho delictivo y cualesquiera otras circunstancias que sirvan para valorar la gravedad de la infracción.